Como resultado de los accidentes viales en el Estado de México y Veracruz, la SCT que encabeza Dionisio Pérez-Jácome Friscione emitió un acuerdo mediante el cual reduce el peso permitido con el que ciertos vehículos de carga pueden circular.

El problema es que esa dependencia, vía la Subsecretaría de Transporte a cargo de Felipe Duarte no va al fondo del asunto porque se siguen presentando accidentes, lo que lleva a la autoridad a evadir su responsabilidad de regular a los verdaderos generadores de accidentes.

Para la emisión de ese acuerdo el gobierno federal a SCT, a juicio del Poder Judicial, cometió un serie de ilegalidades, lo que ha resultado en que se admitan diversas demandas promovidas por organizaciones empresariales y diversas empresas privadas, como es el caso concreto de Heineken, que lleva Marc Busain.

Pero también lo es de no pocos autotransportistas agrupados en la CANACAR, que preside Roberto Ruiz. En algunos casos han obtenido suspensiones definitivas al acuerdo de Pérez-Jácome y los suyos. Resulta preocupante que las autoridades violen la ley cuando busquen regular situaciones y por consecuencia afecten derechos de los particulares, tal como es este caso. Contra diversos sectores industriales, comerciales y prestadores de servicios.

En ese sentido es más preocupante que esas mismas autoridades no hayan atendido a los argumentos jurídicos y técnicos que en su momento el sector privado y la Comisión Federal de Competencia, de Eduardo Pérez Motta, presentaron.

Las objeciones están evidenciadas en los documentos que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que encabeza Alfonso Carballo, tiene a disposición para su consulta pública y que por lo visto ni el mismo Duarte ha leído. Por cierto que hoy los autotransportistas privados se reunirán con la plana mayor de la SCT para tratar la NOM de Pesos y Dimensiones.